Fuente EFE
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este jueves ante la ONU que casi mil presos en Cuba sufren «prácticas inhumanas de trabajo forzado o semiesclavitud» en la elaboración de carbón vegetal.
ONG Investiga
Una investigación de la ONG, con sede en Madrid, asegura que los presos se emplean en la producción de carbón vegetal de marabú contra su voluntad, «bajo formas claras de coacción/intimidación» o a falta de otras opciones para «esquivar las precarias condiciones de vida» en prisión.
El estudio habla de, al menos, casi un millar de casos en seis provincias del país: Matanzas (oeste), Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila (centro) y Camagüey (este).
El OCDH criticó las condiciones de «ilegalidad, desprotección, inhumanidad» en las que realizan el «trabajo forzoso», aunque consideró que «dicha práctica no es novedosa en Cuba».
El organismo presentó su denuncia ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, al cual le pidió una investigación «para que se juzgue y condene a responsables y se adopten las medidas y acciones políticas-jurídicas oportunas».
«La representación cubana ha sido condenada enérgicamente en denuncias anteriores del presente mandato por promover el trabajo forzoso en distintas circunstancias de relación laboral», indicó el OCDH.
En ese sentido, señaló «la especial impunidad que gozan sus ejecutantes al existir un régimen legal legitimador de la situación y una ausencia de autonomía en los tecnócratas de poderes-funciones del Estado-Gobierno para poner fin a la situación».
«El derecho a no ser sometido a la esclavitud y sus variantes, como el trabajo forzoso u obligatorio es una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario y crea una obligación de todos los Estados con respecto a la protección de este derecho», añadió.
Según el OCDH, los responsables directos de esta situación son la Dirección General del sistema penitenciario y la Empresa de Producciones Varias (PROVARI), perteneciente al Ministerio del Interior de Cuba. La ONG apuntó también al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía General de la República.
