Un total de 65 ciudadanos venezolanos fue expulsado de Chile este viernes con destino a Caracas por cometer delitos o infringir la normativa migratoria, según informaron autoridades del Gobierno chileno.

“Las personas que cometan delitos en nuestro país o que ingresen irregularmente serán expulsadas. Se trata de una minoría de extranjeros que residen en nuestro país, pero es una minoría que hace mucho daño”, sostuvo el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile, Luis Eduardo Thayer.

De las personas deportadas, 55 cometieron delitos como robo con intimidación, robo con violencia, tráfico de drogas o tenencia de armas de fuego; las otras 10 expulsiones fueron de carácter administrativo por ingreso al país a través de un paso no habilitado.

“Trabajamos en hacer más eficaces los procesos de expulsión y mejorar la capacidad del Estado”, aseguró Thayer, a lo que añadió que se necesitan “mayores facultades para policías y el Servicio Nacional de Migraciones”.

En lo que va de 2024, según datos entregados por el Gobierno, se han realizado 411 expulsiones a distintos países, 208 por razones administrativas y 203 por orden judicial.

La expulsión judicial, específica un comunicado emitido por el Gobierno chileno, es una «pena sustitutiva» para personas extranjeras que han sido condenadas con penas inferiores a cinco años y un día y que permanecen en el país privados de la libertad, siendo deportados una vez que el tribunal haya dictado la sustitución de la pena y establecido un plazo para ejecutarla.

Además de Sermig, participa en este proceso la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), “encargada de ubicar y detener a las personas para materializar la expulsión y escoltarlas hacia sus países de origen”.

Colombia, con 155 expulsiones, y Venezuela, con 146, son las nacionalidades con más expulsiones en Chile en lo que ha corrido de 2024.

De las expulsiones materializadas en el país suramericano desde 2018 a la fecha, 2019 fue el año donde más deportaciones hubo, con un total de 2.232. De ellas, 202 fueron administrativas, mientras que las 1.268 restantes fueron judiciales.

La migración irregular no es un fenómeno nuevo en Chile, pero en los últimos años se disparó exponencialmente. Cerca de 44.000 personas ingresaron de forma irregular durante 2023 a través de pasos clandestinos, según la PDI.

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