El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este martes a periodistas de integrar una «estructura extorsiva» financiada por el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, arrestado por corrupción; señalamientos rechazados por el gremio de la prensa.
El Aissami -detenido el pasado 9 de abril por desvío de fondos en la estatal petrolera PDVSA- «tenía a su servicio una estructura mediática extorsiva» para «atacar a las autoridades del Estado», dijo Saab.
En una alocución televisada, mencionó a dos periodistas del portal de periodismo de investigación ArmandoInfo, que ha hecho múltiples denuncias de irregularidades en empresas y proyectos estatales, así como a otros cinco comunicadores y youtubers.
Los acusados están fuera del país.
El fiscal denunció «campañas de guerra sucia» contra políticos o empresarios contrarios a «los intereses» del exministro, exigiéndoles pagos de 30.000 a 100.000 dólares para «suavizar» o «retirar» publicaciones, y aseveró que también eran usadas para ello «cuentas fantasma» en redes sociales.
Divulgó un video del empresario Samark López, mano derecha de El Aissami y también detenido, en el que asegura que comunicadores recibían pagos del entorno de El Aissami.
«Rechazamos afirmaciones del Ministerio Público (…). Informar se convierte en un delito perseguido por una justicia politizada y amañada», reaccionó en la red social X el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
«Nada más absurdo e inverosímil. Hemos escrito decenas de reportajes justamente sobre López, El Aissami y las irregularidades en PDVSA (…). Denuncio esta maniobra difamatoria como torpe y malintencionada», publicó en la misma plataforma Edwald Scharfenberg, editor de ArmandoInfo mencionado por Saab.
«Es una criminalización del trabajo que hemos hecho durante años», escribió por su parte en X uno de sus periodistas, Roberto Deniz, igualmente acusado.
El Aissami, quien fue cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez (1999-2013), fue arrestado por el desvío de ingresos por la venta de crudo a través de criptoactivos, fallido mecanismo ideado para eludir sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. El desfalco es estimado en casi 17.000 millones de dólares.
Scharfenberg, Deniz y otros dos periodistas de ArmandoInfo salieron al exilio en 2018 tras ser demandados por el empresario colombiano Alex Saab, contratista del gobierno, luego de denunciar corrupción en un programa estatal de distribución de alimentos, lo que organizaciones gremiales de prensa consideraron un «acto de hostigamiento».
El fiscal acusó también a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de financiar reportes contra el gobierno de Maduro, quien el próximo 28 de julio busca la reelección, lo que lo proyectaría a 18 años en el poder.
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