En otra acción judicial calificada de arbitraria, el Tribunal segundo de Control contra el Terrorismo de Venezuela realizó la audiencia preliminar al preso político Alejandro González, expareja de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, sin permitírsele designar a sus abogados de confianza que pudiesen rebatir los cargos fiscales en su contra e impedir juicio.
La audiencia preliminar, establecida en el Código Procesal Penal venezolano, es la de mayor trascendencia de las cuatro fases del proceso, debido a que el acusado presenta sus alegatos ante el juez que luego determinará si hay suficiente evidencia o no para llevarlo a juicio.
González, expiloto y gerente local de la petrolera estadounidense Chevron, fue imputado por la fiscalía al servicio del régimen como presunto responsable de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación en el caso de una supuesta conspiración. Pero cuenta solo con defensores públicos que hasta la fecha no habrían ejercido sus funciones, según abogados.
Por este caso también fue acusada San Miguel por terrorismo, entre otros delitos, y permanece recluida en la sede del Sebin, en el Helicoide, donde espera que se realice la audiencia, pero hasta la fecha tampoco ha podido designar sus abogados.
Violación del derecho a la defensa
El abogado Joel García, del equipo que asiste a los procesados, informó que el juez Carlos Liendo realizó la audiencia de González el 2 de mayo, en horas de la noche y de forma telemática, a pesar de que el procesado “se negó por no contar con su defensa de confianza”, lo que significaría una persistente violación del derecho al debido proceso que ha caracterizado este caso.
“Esto lo que persigue es dejarlos en estado de indefensión”, indicó García, quien ha denunciado reiteradamente la violación de los derechos en este caso considerado uno de los más emblemáticos contra opositores en los últimos años.
González y San Miguel fueron detenidos el 9 de febrero pasado, en horas de la noche, por funcionarios de la Digcim, en forma arbitraria, en el contexto de una investigación la supuesta conspiración que en enero fue denominada Brazalete Blanco. Al primero le allanaron su residencia cerca del centro petrolero en el este de la ciudad de Barcelona, en Venezuela.
Preso político en el Rodeo I sin derechos
Alejandro González es uno de los más de 45 presos políticos que fueron trasladados el 4 de abril, sin aviso, desde los calabozos militares de la policía Digcim y de Ramo Verde hasta la cárcel de El Rodeo, compuesta de tres torres y considerada uno de los penales más antiguos y de mayor hacinamiento cerca de Caracas.
Familiares de los presos políticos, que se enteraron un día después del abrupto traslado, han denunciado las precarias condiciones en las que se encuentran en el Rodeo I, «cuyos calabozos fueron remodelados para hacerle más fácil al régimen torturar a perseguidos y a todo su entorno familiar», según los testimonios en un video en las redes.
“Los visitantes solo pueden ingresar a la visita con capuchas que les colocan y sus conversaciones son grabadas”, denunció uno de ellos, quien aseguró que los presos han perdido peso significativamente porque la comida que les dan en la cárcel es escasa y no se le permite recibirla por otro medio.
“Es un verdadero campo de concentración”, afirmó el visitante.
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