El régimen aprobó -en el parlamento de totalidad chavista- una ley que obliga a las empresas a pagar un porcentaje al Fondo de Pensiones.

Nicolás Maduro ha modificado las normas referentes al pago de las pensiones, consideradas las más bajas de toda América Latina, tras ser señalado como el principal responsable de la devaluación de estos fondos en Venezuela.

El mandatario se ampara en las sanciones internacionales para evadir su responsabilidad en el deterioro de la calidad de vida y la depreciación del bolívar. A partir de ahora, el sector privado deberá destinar obligatoriamente el 9% del salario del trabajador al Fondo de Pensiones, según lo estipula la nueva Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista.

No obstante, Fedecámaras, la principal organización empresarial del país, ha planteado serias objeciones a esta medida. Aunque no se opone de manera directa, subraya que la ley debería ir acompañada de incentivos para las empresas.

«Entendemos la necesidad de asegurar una vejez digna para los ciudadanos, con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, reiteramos que esta ley debe venir acompañada de incentivos para el sector empresarial», señala un comunicado de Fedecámaras.

«La aprobación de la alícuota del 9% sobre el ingreso mínimo integral (basado en 130 dólares) para los empleados del sector privado podría mejorar los ingresos de los jubilados en Venezuela. Pero es crucial considerar las implicaciones económicas y legales que afectan la operatividad del sector privado, las cuales hemos presentado al Ejecutivo y que solicitamos sean reconsideradas»:

  • Establecimiento de un tope máximo para la base del aporte, equivalente a tres veces el ingreso mínimo integral.
  • Exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios como salud y educación, así como para empresas con planes de jubilación propios.

Fedecámaras expresa su preocupación, ya que esta nueva contribución añade más presión fiscal a las empresas venezolanas, que ya enfrentan múltiples tributos como IGTF, IVA, ISRL, impuestos municipales y tasas aeroportuarias, los cuales han incrementado considerablemente en los últimos meses. Las capacidades financieras del sector privado son limitadas.

Esta situación afectará la rentabilidad, restringiendo las inversiones y los aumentos salariales, lo que podría fomentar el empleo informal. Por ello, proponen:

  • Eliminación del IGTF.
  • Restablecer la periodicidad mensual del pago del IVA para contribuyentes especiales.
  • Revisión y adecuación del modelo de remuneración de los trabajadores.
  • Promoción de una reforma integral del sistema de seguridad social y de la legislación laboral vigente en Venezuela.

Los empresarios demandan un análisis exhaustivo de estas reformas para promover una política fiscal más racional, que incentive la reinversión, el crecimiento y el empleo.

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