La crisis sin precedentes en las prisiones venezolanas ha resultado en la destitución de la vicealmirante Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios. «Designé como nuevo ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los derechos humanos. Agradezco a la vicealmirante Celsa Bautista su importante labor al frente del Ministerio», anunció Nicolás Maduro en sus redes sociales, dos días después de que comenzara una huelga de hambre de presos en medio centenar de centros de reclusión.
El Mundo | Daniel Lozano
Al menos 19 cárceles, incluidos cuatro anexos femeninos, y más de 30 calabozos policiales se han sumado a la protesta nacional ante el retardo judicial que impide la liberación de presos que ya han cumplido su condena, y el hacinamiento, violencia, falta de servicios básicos y corrupción generalizada entre los funcionarios.
«Ya basta de mentiras y engaños, tomen en cuenta que no levantaremos esta huelga hasta no recibir respuesta. También pedimos que permitan el ingreso de alimentos para los niños como regreso consagrado en nuestra Constitución. Estamos unidos a nivel nacional penales y calabozos en una sola voz: ¡Libertad!», exclamó la portavoz de las presas de la cárcel femenina del Inof, cerca de Caracas. Aseguran que no cederán hasta recibir respuestas en un centro que, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sufre un hacinamiento del 186%, «un cementerio de mujeres vivas».
La crisis carcelaria ha estallado en el peor momento para Maduro, en medio de una campaña electoral cuesta arriba. Lo que empezó como una de tantas protestas en la Venezuela deteriorada por el fracaso revolucionario, se ha extendido rápidamente desde el pasado domingo hasta generalizarse entre los presos venezolanos. También hay presos políticos en los recintos que permanecen en huelga.
Además de las condiciones infrahumanas en las que viven los presos, la principal queja es el retardo judicial. Los presos exigen que se respeten las leyes y que se concedan las reducciones de pena por trabajo y estudios. Según el OVP, la crisis voraz que sufre el país petrolero afecta directamente a los casos judiciales, ya que la falta de transporte y gasolina impide los traslados a los juicios. Y una vez en los tribunales, o no comparecen los jueces y fiscales o los apagones y la falta de recursos y servicios impiden las vistas.
«Yo estoy penado 10 años y he pagado 10 años y 9 meses, 3.978 días de mi vida. Ya he cumplido mi sentencia y sigo preso. ¿Dónde se cumple la ley en mí?», escribió uno de los presos de la cárcel de Guárico en una pancarta.
«¿Quién hace valer mis derechos?», se quejó otro preso condenado a 7 años y que lleva 7 años y 5 meses sin contar redenciones, según los testimonios hechos públicos por la ONG Ventana a la Libertad.
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