El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes una nueva política para proteger de la deportación a cientos de miles de indocumentados que sean cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
Según la Casa Blanca, aproximadamente 500.000 personas se verán beneficiadas por esta medida.
El matrimonio con un ciudadano estadounidense proporciona un camino hacia la ciudadanía. Sin embargo, cuando un migrante entra al país de forma ilegal y luego se convierte en cónyuge de un estadounidense, debe regresar a su país de origen para solicitar la residencia permanente, un proceso que puede demorar años.
Con la nueva medida, los migrantes que hayan estado en EE.UU. durante al menos 10 años podrán solicitar la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía sin tener que salir del país. Además, se les permitirá trabajar legalmente.
Dolor de cabeza
En pleno año electoral, la migración sigue siendo un desafío para Biden, quien recientemente emitió otra orden ejecutiva para frenar la llegada récord de inmigrantes a la frontera entre EE.UU. y México.
Durante un evento en la Casa Blanca el martes, el presidente demócrata comentó que la nueva política ayudaría a que el sistema de inmigración estadounidense sea menos «injusto» para los inmigrantes, las parejas casadas y todos los estadounidenses.
Su gobierno también cree que la orden ejecutiva beneficiará a 50.000 jóvenes menores de 21 años cuyos padres estén casados con un ciudadano estadounidense.
«La acción que anuncio hoy entrará en vigor a finales de este verano boreal», dijo el mandatario en rueda de prensa.
«Las medidas que estoy tomando hoy cuentan con el apoyo abrumador del pueblo estadounidense, a pesar de lo que diga el otro equipo», añadió, en referencia a los republicanos.
El anuncio de la Casa Blanca coincidió con el 12º aniversario de DACA, el programa que ha protegido de la deportación a más de 530.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como «dreamers».
¿Quiénes cualifican?
El lunes, altos funcionarios del gobierno de Biden anunciaron que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses con estatus migratorio irregular podrán calificar si han vivido en el país durante al menos 10 años y estaban casados para el 17 de junio de este año.
Las parejas no necesitan haber estado casadas por un período específico de tiempo. Aquellos que califiquen tendrán tres años para solicitar la residencia permanente y podrán obtener un permiso de trabajo por el mismo período.
En promedio, la Casa Blanca estima que los elegibles para este proceso han estado en EE.UU. durante 23 años, y la mayoría de ellos habrían nacido en México.
Se les otorgará lo que se ha denominado «libertad condicional en el lugar», lo que les permitirá permanecer en EE.UU. mientras se realiza el cambio de su estatus.
NumbersUSA, una organización que aboga por controles más estrictos de la inmigración, ha criticado la nueva política como «desmedida». James Massa, director ejecutivo de la organización, afirmó que Biden ha excedido su autoridad ejecutiva al implementar un proceso inconstitucional, eludiendo a los votantes y a sus representantes en el Congreso, y enviando el mensaje de que la amnistía está disponible para quienes ingresan ilegalmente a Estados Unidos.
Por otro lado, Alex Cuic, abogado de inmigración y profesor en la Universidad Case Western Reserve en Ohio, comentó a la BBC que aunque esta acción solo afecta a un «grupo reducido», representa un «comienzo» significativo para un segmento de la población inmigrante en EE.UU. que históricamente ha enfrentado dificultades para regularizar su estatus en el país, incluso cuando son elegibles.
Una compleja cuerda floja
La orden ejecutiva de este martes contrasta notablemente con otra amplia orden de inmigración emitida por el presidente a principios de junio, la cual permite a los funcionarios expulsar rápidamente a los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sin procesar sus solicitudes de asilo.
Estas dos políticas, separadas por solo dos semanas, han puesto de relieve la compleja situación en la que se encuentra Biden con respecto a esta cuestión.
«Biden siempre se encuentra en una situación difícil», comentó el estratega republicano Doug Heye a la BBC. «Haga lo que haga, recibirá críticas. Este es un ejemplo perfecto», agregó.
«Tiene un desempeño deficiente entre los votantes hispanos, por lo que está tratando de tomar medidas para atraer muchos votos. Pero también le puede costar votos», continuó Heye. «Estos son, por definición, mensajes contradictorios».
La BBC intentó contactar a la campaña de Biden para obtener un comentario, pero hasta el momento de la publicación de esta historia no había recibido respuesta.
Las restricciones de asilo anunciadas el 5 de junio, que ahora son objeto de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, fueron ampliamente criticadas por activistas defensores de la migración e incluso por algunos aliados demócratas del mandatario.
Aunque el número de llegadas y detenciones de migrantes en la frontera entre EE.UU. y México ha disminuido este año después de alcanzar máximos históricos a principios del gobierno de Biden, las encuestas siguen mostrando una gran preocupación en el país sobre este tema.
Una encuesta de Gallup realizada en mayo encontró que el 18% de los votantes estadounidenses consideran la inmigración como su principal tema, frente al 27% en abril, siendo este el tercer mes consecutivo en que encabeza la lista de preocupaciones.
Las encuestas realizadas este año han demostrado repetidamente que muchos votantes confían más en Trump en temas de inmigración y la frontera que en Biden.
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