Contratos verbales, vidriosas transacciones a través de sociedades, laberínticos esquemas para ocultar el rastro del dinero. Y un botín transformado en exclusivas viviendas… El que fuera abogado de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y director financiero de la empresa estatal Electricidad de Caracas, Luis Carlos de León Pérez, cobró 19 millones de dólares de la trama investigada por expoliar 2.000 millones de la energética pública venezolana. Así consta en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS y que forma parte de las pesquisas de un juzgado del principado pirenaico sobre el saqueo de la petrolera.
El País | Joaquín Giljosé y María Irujo
El exletrado percibió parte de su fortuna a través de un alambicado entramado societario con tentáculos en Panamá, Suiza y Andorra al que perteneció su esposa, Andreina Gámez Rodríguez. El matrimonio canalizó 25 millones y urdió un plan para adquirir una lujosa propiedad en Caracas de 4.000 metros cuadrados y cuatro inmuebles en Madrid. Sus inversiones en ladrillo sumaron nueve millones.
La mayor parte de las transferencias que nutrieron las cuentas de la pareja ―algunas justificadas bajo la cobertura de supuestos “contratos verbales”― fueron ordenadas a través de sociedades instrumentales (sin actividad). Y, tras este engranaje, estaba el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. Otro maná de fondos le llegó al exabogado de PDVSA a través del presunto testaferro de la red, el caraqueño Luis Mariano Rodríguez Cabello, que movió 1.144 millones por un tinglado de 11 herméticas cuentas en Andorra, según los documentos.
Formada por una treintena de exfuncionarios de la poderosa firma estatal y exdirigentes chavistas, la red que saqueó PDVSA operó entre 2007 y 2012. Integró en sus filas prohombres del expresidente Hugo Chávez (1999-2013) como los exviceministros de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado. El grupo ideó un entramado para ocultar el cobro de comisiones ilegales. Algunos miembros percibían presuntamente un 10% de los empresarios, especialmente chinos, que conseguían adjudicaciones públicas de la energética y sus filiales. Para esconder el caudal de fondos, la trama movió su botín a través de una opaca telaraña de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. El entramado offshore circuló mediante una treintena de sociedades en Suiza y Belice.
De León, Villalobos y Rodríguez Cabello forman parte de la treintena de personas procesadas en 2018 por un juzgado Andorra. Se les acusa de integrar una red que cobraba comisiones a empresarios ―principalmente chinos― a cambio de facilitar adjudicaciones de la energética pública venezolana.
El exviceministro chavista Villalobos recurrió en agosto de 2008 a su empresa instrumental panameña Lomond Overseas S. A. para firmar un contrato con una de las compañías opacas del exabogado de la firma estatal, Ribston Investments. La presunta treta sirvió para justificar una transferencia de 5,5 millones de dólares bajo la excusa de supuestos servicios de “asistencia”.
A través de otra sociedad sin actividad panameña, Megana International Ltd, Villalobos saldó también una supuesta deuda de ocho millones con la firma del que fuera letrado de PDVSA. En ambas transacciones, los investigadores andorranos creen que se trató de un envío de fondos que no correspondía con una actividad real, ya que ni Villalobos y ni De León aportaron documentos para acreditar sus operaciones.
Para ocultar el dinero, De León y su esposa se hicieron clientes de la BPA, la entidad en la que los saqueadores de PDVSA ocultaron su botín de 2.000 millones entre 2007 y 2015.
El letrado manejó a través de sociedades instrumentales dos cuentas en esta entidad y fue titular de una tercera cifrada entre 2008 y 2013. De León se presentó en 2008 ante el banco como un abogado de 48 años. Dijo que eligió el país pirenaico ―que hasta 2017 permaneció blindado por el secreto bancario― por opacidad y seguridad. E indicó que planeaba transferir trimestralmente fondos a la BPA, donde tenía previsto ingresar entre 2,5 y 5 millones, según el Know Your Customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado donde se explica a la institución financiera el origen de los fondos, según los documentos.
Un emporio de ladrillo en España
La esposa de De León, Andreina Gámez Rodríguez, venezolana de 47 años, controló entre 2009 y 2014 dos cuentas en la BPA a nombre de sociedades instrumentales y fue titular de otra tercera. Y, cuando desembarcó en el banco, comunicó que necesitaba transferir un millón de euros a una empresa de Madrid para comprar un inmueble. Gámez Rodríguez figuraba en 2010 como administradora única y dueña de la empresa inmobiliaria de Madrid Sansobino 1977. S. L. En 2019, último año que presentó sus cuentas, esta compañía acumulaba un activo de 2,8 millones, según la plataforma mercantil Informa.
Además, según el registro de la propiedad de España, la empresa madrileña de la esposa de De León adquirió en 2011 una vivienda dúplex de 221 metros cuadrados y tres plazas de garaje en el número cuatro de la calle Tahona de la capital española. Gámez Rodríguez firmó en 2010 un contrato para hacerse con el inmueble por 2,5 millones.
La fijación por el ladrillo no cesó ahí. De León reservó en 2009, a través de una inmobiliaria española, sendas viviendas y cuatro plazas de garaje valoradas en más de un millón de euros. Y su esposa suscribió ese mismo año un contrato para comprar una tercera propiedad en Madrid en la promoción conocida como Paseo de la Habana. El paquete incluía tres plazas de garaje y costaba 665.540 euros.
Este diario también ha tenido acceso a un contrato de opción de compra que revela la intención del abogado y su esposa de hacerse en diciembre de 2012 con la casa “Maricarmen” en la ciudad de Baruta, en el Estado de Miranda, Caracas. Con una superficie construida de 800 metros cuadrados, la propiedad se extiende sobre un área de 4.000. La pareja se comprometió a desembolsar 5,2 millones. El abogado de la energética recurrió a su entramado financiero en Andorra, que sirvió de pasarela para hacer llegar fondos a otros miembros de la organización. Sus cuentas traspasaron 8,4 millones de dólares a las cuentas de Villalobos y al que fuera viceministro de Energía chavista Javier Alvarado.
Junto a sus charcos en Andorra, donde se le procesó en 2018 por blanqueo de capitales y pertenencia a una red de sobornos, De León encadena múltiples frentes con la justicia. Un tribunal de Texas dictó contra él en 2017 una orden de arresto y fue detenido en Madrid. Y en 2018 fue declarado culpable por violar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según un documento de la fiscalía de Houston citado por Infobae. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de De León y su esposa a través de sus abogados en Andorra.
