La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la legalidad del cobro del servicio urbano por parte de las alcaldías. Esto ocurrió después de que en la sentencia 209 del 2 de mayo, se desestimara una apelación presentada contra un fallo del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario. En dicho fallo, se declaró sin lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por no cumplir con los pagos de la empresa de servicio de aseo urbano Fospuca.
La Sala Político Administrativa confirmó la sentencia original al no haber sido objeto de apelación por la empresa recurrente ni perjudicar los intereses del fisco municipal. Además, se declaró sin lugar la apelación ejercida por la representación en juicio de la empresa Surnet Telecom, C.A. contra la sentencia definitiva Nro. 2343 del 24 de noviembre de 2022.
Tras conocerse la sentencia, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia afirmó que la imposición del pago de la multa es una consecuencia jurídica del incumplimiento de las obligaciones tributarias. La sala también enfatizó que toda la colectividad está obligada a colaborar con la higiene, la salud y la vida a través del pago del servicio de aseo urbano.
En la sentencia, se estableció que las alcaldías tienen la autoridad para tomar las medidas necesarias con el fin de “garantizar la continuidad en la prestación del servicio de aseo urbano y domiciliario”.
La querella presentada por Surnet Telecom argumentó en su apelación y solicitud de amparo cautelar que su falta (la del Semat) se debió a un bloqueo “arbitrario” aplicado por la Administración Tributaria Municipal, lo que les impidió acceder al portal para la declaración de impuestos municipales.
Es importante señalar que la amplia potestad reconocida por la Sala Político Administrativa (SPA) a las alcaldías podría dar lugar a interpretaciones que sugieran medidas como el bloqueo del pago de impuestos debido al incumplimiento del servicio de aseo urbano. Esto podría tener implicaciones a nivel nacional y afectar la ciudadanía en general.
Las disputas con Fospuca no son nuevas. A finales del año pasado, la Asamblea de Ciudadanos de Caroní denunció que durante 2023, la empresa emitió más de 70 demandas solicitando el embargo de comercios en Ciudad Guayana.
El coordinador de la asamblea ciudadana, Simón Yegres, señaló que se han tramitado hasta 200 solicitudes de embargo en los tribunales de la ciudad este año. Algunos comercios han llegado a acuerdos y han pagado temerosos de que se les cierre, pero Respuestos Stars Motors fue el único que enfrentó la situación legalmente. La opacidad en este proceso ha sido motivo de preocupación.
En respuesta a esta situación, los ciudadanos organizaron una protesta frente al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para exigir el cese del bloqueo del portal fiscal y cambios en los parámetros de cálculo para el cobro de tasas por parte de la empresa.
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